ASPECTOS ECONÓMICOS EN LAS BASES PROGRAMÁTICAS DE GUILLIER

ASPECTOS ECONÓMICOS EN LAS BASES PROGRAMÁTICAS DE GUILLIER

Patricio González

El siguiente artículo es un resumen extraído de los aspectos económicos contenidos den las Bases Programáticas de Guillier.

Estas contemplan, en el Capitulo 2, los aspectos más importantes acerca de la política

económica a implementar en su futuro gobierno. Sostiene que "El desarrollo será sostenible

en la medida que la economía chilena adquiera una creciente robustez frente a la 

especulación, las turbulencias financieras y los ciclos de los precios de las materias 

primas." (página 18). Destaca que, en el país, aún persisten enormes brechas económicas



y sociales, por lo que el progreso no puede ser abandonado. Si bien la pobreza disminuyó


de 38,6% a 11,7% entre 1990 y 2015, aun así, vista desde una perspectiva multifuncional,



un 1/5 de la población vive en dicha situación. Chile sigue siendo un país altamente. Se


requiere continuar impulsando los cambios que el país reclama, especialmente seguir


avanzando en equidad tributaria.

En ese contexto, hace gran hincapié en la Política Fiscal y Tributaria. Entre otros puntos,


plantea que (página 18 y siguientes) la Política Fiscal (PF):

debe fortalecer su carácter anti-cíclico.

debe generar un mayor rol del sector público en materia de inversiones de infraestructura

(el Congreso debe aprobar el proyecto de ley sobre Fondo de Infraestructura) y terminar

con las prácticas de descapitalización de las empresas públicas, que terminan reduciendo o


atrasando la capacidad de éstas de enfrentar los desafíos de modernización y

sostenibilidad de aportes al fisco.

debe contribuir a la descentralización del país, asegurando que los gobiernos regionales y l

locales incrementen sus capacidades de planificación, diseño y ejecución de proyectos de


inversión.

A mediano-largo plazo, la carga tributaria debe aproximarse a la media de los países de la OECD y la estructura tributaria

hacerse más progresiva, de tal forma que los más ricos paguen más. Declara su predisposición para revisar la reforma tributaria

de 2014, simplificándola, si así lo demuestra el balance de la Operación Renta, disminuyendo la evasión fiscal, incentivando la inversión y evaluando también espacios de apoyo adicional a las Pymes.

Se verá la necesidad de una reforma a los impuestos a la extracción de recursos naturales (royalty) para incrementar la participación del país en las rentas que generan los recursos naturales. En el caso de la Gran Minería del Cobre, los eventuales cambios se aplicarán a partir del año 2030, una vez que expire la ley del royalty aprobada durante el gobierno de Piñera.

Señala que la política macroeconómica debe concentrarse en asegurar el desarrollo y no el rentismo financiero. Este último ha adquirido una importancia cada vez más dominante en la economía chilena, lo que ha sido acompañado por la profundización e internacionalización de los mercados de capitales, lo que conlleva a riesgos de expansión del rentismo financiero a costa de las actividades productivas, de fuga de capitales, de evasión tributaria, a riesgos de crisis financieras y de burbujas inmobiliarias. El BCCH debe incrementar su coordinación con las agencias reguladoras del sistema financiero y el SII para controlar y minimizar la evasión tributaria, las burbujas especulativas y los riesgos de crisis financieras.

La diversificación productiva y exportadora requiere de una política cambiaria, que tenga como propósito la estabilidad del tipo de cambio real, a un nivel competitivo y funcional para la estrategia comercial y productiva del país. Es fundamental profundizar la integración de Chile con América Latina, procurando una coordinación económica que facilite nuestro crecimiento y permita fortalecer a la región como bloque económico competitivo dentro del comercio mundial.

Otro tema central lo conforma la Infraestructura y OOPP (página 21 y siguientes):

Señala que "El país requiere retomar las inversiones en infraestructura física, lo cual es fundamental para el progreso económico y social. Esto no solo abarca lo referente al transporte en todas sus modalidades (tanto para pasajeros como para carga); sino también a los hospitales y centros de salud primaria; universidades, liceos y jardines infantiles; así como las obras sanitarias y de recursos hídricos crecientemente tensionados por el cambio climático. Al mismo tiempo debe asegurar una elevada resiliencia del país frente a las catástrofes y los desastres naturales." A ello se incorpora también la infraestructura energética, digital y la científico-tecnológica. Plantea que los estándares mínimos de esas inversiones deben cumplir con los criterios del "Green Finance" del Banco Mundial. Además, debe asegurarse un proceso de descentralización y de mayor conectividad nacional. Para ello, señala hacer un esfuerzo en cinco ejes.

1. El país debe superar la miopía estratégica en materia de infraestructura física, desarrollando capacidades de planificación participativa con planes a a 15 años plazo. Los gobiernos regionales deben incrementar sus capacidades de planificar, diseñar, licitar y ejecutar proyectos. Los sectores en los que se concentrará este esfuerzo compartido de inversión serán, entre otros:

Una "red nacional de transporte interurbano" de nueva generación que incluirá un mejoramiento de la red actual, nuevas autopistas interurbanas y la recuperación del ferrocarril como alternativa modal en algunos sectores del país.

La ampliación de las redes de Metro en Santiago, Valparaíso y Concepción.

Introducción de sistemas de transporte modernos con rieles suplementados por redes de "corredores exclusivos" para el transporte público en las 10 zonas metropolitanas con más de 250 mil habitantes.

Construir redes de autopistas urbanas en las ciudades de más de 250 mil habitantes, que ofrezcan soluciones tarificadas compatibles con los objetivos de reducir la congestión y mejorar la calidad del aire que respiramos.

Mejoramiento de nuestra infraestructura de riego para asegurar la disponibilidad, almacenamiento y canalización de agua para darle sustentabilidad a la idea de Chile País Agroalimentario.

Mejoramiento de nuestra infraestructura logística y portuaria, de modo de asegurar la competitividad de nuestras exportaciones y de nuestros puertos en relación a los nuevos requerimientos del comercio internacional.

Desplegar una red nacional de fibra óptica de alta velocidad que permita comunicar el país internamente e internacionalmente para poner a Chile en los estándares de conectividad digital del siglo XXI.

2. El país debe movilizar recursos para asegurar el financiamiento de las obras de infraestructuras. El propósito central es aumentar la tasa de inversión en esta materia desde poco más de 2% al 4%. El financiamiento de este nuevo esfuerzo se hará comprometiendo una inversión pública directa del 2,5% del PIB, concentrada esencialmente en infraestructura social, que mejora directamente la calidad de vida de los sectores más vulnerables en las ciudades y en las zonas no urbanas. El 1,5% restante se invertirá a partir de una reactivación de las diferentes modalidades de APP en las que el país tiene gran experiencia, haciendo las modificaciones que los tiempos demandan (página 22 y siguientes)

3. Para darle sustentabilidad a esta inversión, será necesario contar con un Fondo de Infraestructura que otorgue garantías para la inversión en las grandes obras de inversión, que se emprendan a través de las diferentes opciones de APP ayudando a reducir el costo de financiamiento de obras de interés nacional. Por otro lado, que pueda aportar capital para complementar los esfuerzos de inversión que se emprendan a través de las modalidades de APP, que sean de interés prioritario para el Estado.

4. Se incrementará la eficiencia del proceso de inversiones en el sector público. Este debe mejorar su eficiencia y calidad para la construcción y puesta en marcha de obras de infraestructura social que impactan directamente en la calidad de vida de los sectores más vulnerables, tanto en las ciudades como en las zonas no urbanas. En particular, a hospitales y soluciones para el transporte masivo.

5. Se impulsará el sistema de concesiones en carreteras desarrollando el marco regulatorio. Con el fin de eliminar reajustes exagerados en tarifas, la regla general será que toda obra adicional será licitada. Debe perfeccionarse el sistema de tarificación de las concesiones urbanas e interurbanas evaluando los sistemas de indexación, los subsidios cruzados que encarecen el transporte de pasajeros, los sistemas de adecuación de las obras mientras dura la concesión y los sistemas de fiscalización.

6. Se promoverá la inversión privada, ordenando y simplificando los procesos administrativos, pero asegurando la calidad del sistema de evaluación de impactos ambientales y el cumplimiento de todas las exigencias regulatorias pertinentes.

7. La articulación público-privada debiese tener un rol fundamental en el desarrollo de la infraestructura nacional. El Estado tiene un rol de orientación estratégica, de impulso de inversiones públicas, de diseño de licitaciones para concesiones, de asegurar un Fondo de Infraestructura que opere como garante de las inversiones privadas y debe ejercer un rol de regulación. El sector privado tiene el rol de ejecutar la mayor parte de las inversiones de infraestructura y proponer proyectos que sean de interés público. Sin embargo, los sectores público y privado deben perfeccionar los mecanismos de consulta y diálogo con la ciudadanía.

8. Se iniciará una nueva etapa en el desarrollo de infraestructura pública bajo el concepto de redes interconectadas, sinérgicas con la infraestructura digital, sumando tecnologías para la conservación, gestión, monitoreo coordinado de las condiciones de la naturaleza, la calidad de servicio y la atención temprana de catástrofes.

9. Construcción del Puerto de Gran Escala para el Asia-Pacífico. El desarrollo del puerto será parte de una red logística y de transporte integrada con el resto de Chile y nuestros países vecinos. Para cumplir con su objetivo, incluirá puertos secos, aduanas, ferrocarriles de carga, pasos fronterizos y vialidad. Avanzaremos en la construcción de corredores logísticos en el norte, centro y sur de Chile.

Esta propuesta es coherente con principios básicos de transparencia, responsabilidad pública, eficiencia económica y la urgencia de invertir en las grandes obras que Chile necesita.

Infraestructura Digital ´para el Desarrollo Inclusivo (página 23 y siguientes)

La infraestructura digital de banda ancha y alta calidad es una condición habilitante para el desarrollo económico y el bienestar de toda la población del país. En efecto, el aumento de la productividad de los sectores tradicionales de la economía, la emergencia de nuevos sectores industriales y de servicios, la modernización del Estado y la descentralización e integración nacional, dependen cada vez más de una potente conectividad digital. Chile ha logrado importantes avances en cuanto a cobertura, sobre todo en telefonía celular. Pero aún falta mucho en cuanto a conectividad de alta velocidad a Internet, constituyéndose en una barrera al desarrollo y el crecimiento económico. Debemos construir una infraestructura de banda ancha de alta velocidad, similar a la de países desarrollados, que hoy se nos distancian cada vez más en este campo. Actualmente, menos del 10% de las empresas y 2% de los hogares tienen una banda ancha de alta velocidad y los costos de acceso son elevados en relación a países más avanzados.

Por ello impulsaremos las siguientes iniciativas:

1. Una infraestructura digital de alta velocidad para todo el país, con alta capilaridad en todo el territorio nacional e integrada con el mundo y América Latina. Ello es indispensable para la competitividad, la emergencia de nuevas industrias, el desarrollo regional y la integración nacional. Se realizarán los cambios regulatorios y legislativos para asegurar las inversiones públicas y privadas necesarias. En particular, procuraremos superar la precariedad de la infraestructura digital en las regiones más apartadas de Chile.

a) Las primeras estimaciones indican que se requiere una inversión de US$ 26 mil millones para la próxima década para asegurar que Chile tenga una red nacional de alta velocidad. En un diálogo con el sector privado, debe explorarse nuevos modelos de inversión tales como el que se inauguró con la licitación de la concesión de fibra óptica entre Puerto Montt y Punta Arenas.

b) Considerando que el costo promedio de instalar una red de banda ancha de alta velocidad en todo el país se compone de 80% en infraestructura física y sólo el 20% corresponde a la fibra óptica, se hace indispensable utilizar las redes eléctricas, de gas, petróleo e incluso agua. En el futuro, deberá ser obligatoria la instalación de fibra óptica en nuevas obras de infraestructura vial y ferroviaria.

2. La convergencia entre televisión, radio y telefonía, siempre asegurando una competencia sana y transparente.

3. Diseñaremos una estrategia nacional y regional de digitalización que asegure el acceso a la banda ancha para todos los servicios a nivel nacional, así como también en los gobiernos regionales y municipales. Y, por otro lado, ordene el proceso de digitalización del Estado chileno, incrementando su resiliencia, su ciberseguridad y uso eficiente de recursos.

4. El Estado debe estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo. La digitalización del Estado es crucial para aumentar la productividad y calidad de los servicios públicos. Con ella no sólo se genera más bienestar, sino que también induce a la modernización de las empresas proveedoras de servicios públicos y privados.

5. Impulsaremos una agenda digital, con el propósito de que al año 2022 se logre una Administración Pública accesible 100% vía internet móvil. Lo anterior debe ir acoplado con el desarrollo de medios de pago electrónicos que permitan que el móvil sea usado para realizar pagos habituales como el Metro, las cuentas, el supermercado, etcétera.

Desde la página 24 y siguientes se mencionan medidas hacia un Desarrollo Inteligente, Sostenible e Inclusivo

Chile ha estado creciendo menos, con una productividad estancada y se ha deteriorado la calidad de los empleos, poniendo en peligro el bienestar de chilenas y chilenos. Durante la primera mitad de estos últimos 26 años, el PIB creció al 5.7% anual entre 1990 y 2002, mientras que, en la segunda mitad, hasta el año 2016, sólo creció al 4.1%, desacelerándose aún más en los últimos tres años. Por otra lado, el volumen de exportaciones (que había crecido al 8.3% anual durante 1990-2002) sólo creció al 2,3% anual entre 2003 y 2016. Esto acompañado por una escasa diversificación de la matriz productiva. La diversificación exportadora no ha avanzado: la participación de las manufacturas en las exportaciones totales fue 6.7% en el 2016, un porcentaje menor al que el país exhibía hace 20 años. Esta tendencia declinante lleva ya más de una década. Del mismo modo, actualmente Chile incorpora menos valor agregado nacional a las exportaciones respecto a países como Perú, Argentina y Brasil.

Entre 1990 y 2002, la productividad por trabajador de Chile respecto a la de Estados Unidos aumentó desde 35% a 44%. Sin embargo, a partir de 2003, la productividad se estancó o, lo que es lo mismo, el producto per cápita de Chile no se ha acercado al de los países desarrollados.

Aunque se observa un aumento en la creación de nuevas empresas (start-ups), la nueva generación de empresas pujantes e innovadoras no se ha consolidado. Según la OCDE (2017), las grandes empresas concentran el 85% de las ventas y el 53% del empleo, mientras que las pequeñas y micro empresas representan sólo el 10% de las ventas y el 30% del empleo. Ello evidencia la debilidad de las medianas empresas, a diferencia de lo que ocurre en países desarrollados.

Chile necesita el crecimiento, pero no cualquiera. Tiene que ser sustentable o armónico con el medio ambiente. Tiene que ser inclusivo, de tal forma que nadie quede atrás. Y debe basarse en la diversificación de nuestra economía lo que requiere innovación, creación y conocimiento; esto es, debe ser inteligente.

Las causas del bajo crecimiento de largo plazo son estructurales y vienen arrastrándose hace más de una década. Se debe impulsar una nueva política de desarrollo para un Chile del siglo XXI.

Por ello, se proponen 3 pilares estratégicos de la política de desarrollo productivo.

Alentar la emergencia de nuevas industrias y nuevos sectores competitivos para diversificar la matriz productiva y exportadora del país. Chile dispone de gran potencial en industrias asociadas a la generación de energía en base a radiación solar, el impulso al turismo de "intereses especiales", la ampliación de la exportación de servicios intensivos en conocimiento, así como el desarrollo de ramas con alto valor agregado en los clústeres asociados a recursos naturales. También dispone de potencial en nanotecnología, biotecnología y tecnologías de información. Todos ellos son sectores de alto dinamismo en los mercados globales donde Chile se está tratando de insertar. Para ello se requiere una política que incorpore medidas decididas de apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación, apoyar el desarrollo de nuevas empresas (start-up) en esas áreas, potenciar el rol de la CORFO como banca de desarrollo, formar gente capacitada de calidad mundial, atraer inversiones extranjeras que aporten tecnología e impulsar un programa de diversificación de exportaciones de servicios utilizando integradamente todo el arsenal de medidas de políticas públicas disponible.

Elevar la productividad y la sustentabilidad de la producción de recursos naturales, incentivando el desarrollo de encadenamientos que agreguen valor nacional. Chile seguirá exportando materias primas, pero se enfrentan límites a la extracción y explotación de los recursos naturales y un creciente deterioro de los servicios que presta la naturaleza, tales como agua, ecosistemas y capacidad de absorción de residuos. Es preciso avanzar hacia una economía de recursos naturales sustentable, intensiva en conocimiento y con mayor incorporación de valor. Esto supone acelerar el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, así como también, la formación de profesionales y técnicos de calidad mundial.

Elevar la productividad de sectores rezagados, tales como la construcción y los servicios de transporte. Se trata de avanzar hacia una industria de la construcción de alta productividad y calidad, estandarizando procesos y desarrollando materiales apropiados a nuestra diversidad climática; convertir los centros de atención primaria de salud en unidades inteligentes y conectados en línea con médicos especializados y eventualmente con los hogares; impulsar una logística "sin papeles" que eleve la eficiencia de la productividad del transporte de carga e incorporar sistemas de información en línea para mejorar la gestión en el caso del transporte urbano e interurbano.

En la página 26 y siguientes se aborda el cuarto tema acerca de una fuerza de trabajo de calidad mundial con empleos decentes

El crecimiento inclusivo y sostenible debe traducirse en un aumento continuo del empleo en Chile. Se necesita que el crecimiento económico se traduzca en más y mejores empleos, revirtiendo la tendencia a la informalidad y la precarización registrada en los últimos años. Se suele perder de vista que más del 80% de la población, que hoy es parte de la fuerza de trabajo, lo seguirá siendo al año 2030. Por tanto, la capacitación, la formación técnica, media y superior, la educación universitaria y de postgrado son cruciales para el desarrollo del país.

Las empresas chilenas invierten poco en sus trabajadores. Sólo el 10% de la fuerza de trabajo accedió a la franquicia tributaria que el Estado (SENCE) pone a disposición de las empresas que contratan personal. En el sector de la pequeña empresa es más dramático, ya que al 2015 sólo 15% del total de trabajadores capacitados pertenecían a este sector. A esto se debe agregar que en el segmento de los trabajadores semicalificados o no calificados es donde menos se usa este instrumento público.

A lo anterior se agrega que existe una baja oferta de técnicos de calidad en la economía chilena. Las políticas públicas han facilitado un sistema de formación orientado hacia las universidades, con escasa relación entre la educación recibida y las necesidades de las empresas.

La experiencia internacional indica que, al mejorar las habilidades, tanto generales como específicas de los trabajadores, éstos aumentan su productividad. Si aquello está aparejado con mejores condiciones laborales, como salarios, estabilidad y dignidad de la profesión, es posible pensar que, en el mediano y largo plazo, se pueda revertir las tendencias que se observan hoy en día. Estas consideraciones llevan a proponer las siguientes iniciativas:

Fortalecimiento de la educación técnica y la capacitación

Fortalecer el SENCE y Chile Valora para promover más y mejor capacitación con mayor cooperación entre trabajadores, empresarios y el sistema educativo.

Fortalecer los vínculos entre la educación técnica (tanto en la educación media, como en la superior) y el mundo privado. En particular, permitir que las instituciones que imparten formación técnica puedan flexibilizar sus programas, y adecuarse a un mundo laboral cambiante.

Mejorar los sistemas de información del mercado laboral a nivel regional y sectorial, de manera de poder establecer en forma sistemática los posibles desequilibrios territoriales y sectoriales en ese aspecto.

Reformas vinculadas a la promoción del trabajo y su regulación: de acuerdo a la CASEN, la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de $300.000 y un 78% gana menos de 500.000. Las políticas que apunten a una mejora salarial deben ir aparejadas con aquellas que apunten a mejorar las condiciones de los trabajos, especialmente en cuanto a estabilidad y posibilidades de desarrollo personal dentro de un trabajo, oficio o profesión.

Política de Empleo: se impulsará una política para incorporar al mundo del trabajo decente especialmente a trabajadores informales, mujeres, jóvenes y migrantes.

Política Salarial: se impulsará una política salarial que se oriente a superar la pobreza y que asegure la dignidad del trabajo de las y los trabajadores, preferentemente en el marco de las negociaciones colectivas.

Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se requiere una reforma a la ley de mutuales, una nueva normativa sobre trabajo pesado y en altura, una reforma a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, un cambio en la ley de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como el reconocimiento e igualdad de trato entre el ISL y las mutuales. Asimismo, proponemos la ratificación del Convenio N° 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y el Convenio N° 176 sobre seguridad y salud en las minas, ambos de la Organización Internacional del Trabajo.

Sector Público: Se impulsarán los cambios legales y normativos necesarios para regular de mejor manera y dignificar la situación de los trabajadores del Estado, en lo referido a los contratos honorarios y contrata.

Jornada de Trabajo: Se estudiará la reducción de la jornada de laboral a 40 horas. Existe suficiente evidencia que la reducción de jornadas laborales puede tener impactos positivos en el empleo, la productividad, la calidad de vida, la distribución del ingreso, etc.

Padres trabajadores y Protección de la Niñez: Se modificará el artículo 203 del Código del Trabajo que impone tener una sala cuna para empresas con 20 ó más mujeres que constituye una carga para las empresas y una discriminación en contra de las mujeres trabajadoras.

Seguridad Laboral: Cada día hay más enfermedades profesionales, dentro de las cuales destacan las de origen mental (estrés, depresión, ansiedad). El trabajo en Chile está enfermando a los trabajadores, en especial a las mujeres que representan el 65% de las licencias médicas comunes de origen mental. Esta condición no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, sino que tiene un importante impacto en la productividad de las empresas y en los recursos fiscales, ya que una parte importante pero indeterminada de estas enfermedades se refleja en la salud común (donde un 21% de las licencias médicas comunes son de origen mental). Para enfrentar lo señalado se requiere:

Modificar la legislación de seguridad y salud en el trabajo para incrementar los recursos destinados a prevenir, en las fuentes de origen, las enfermedades profesionales acorde con los convenios internacionales de OIT.

Crear un fondo nacional destinado a la rehabilitación y el regreso al empleo de trabajadores accidentados o con secuelas producto de enfermedades profesionales.

Desarrollar un plan nacional de salud mental, que incluya una amplia gama de medidas para evitar los riesgos psicosociales laborales, que sea de aplicación obligatoria por parte de los empleadores, incluyendo al Estado.

Capacitar a dirigentes sindicales y sus organizaciones, así como a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

Fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado y dotar de atribuciones a los organismos laborales para denunciar y, eventualmente, paralizar faenas ante riesgos de accidentes o enfermedades profesionales.

Profundizar y ampliar los márgenes de la actividad sindical: Chile requiere relaciones justas y equitativas no sólo como una condición de una mayor igualdad y cohesión social, sino que como condición de la productividad y la excelencia. Esto implica la presencia robusta de los sindicatos, la más amplia negociación colectiva y el más autónomo derecho a huelga. Se trata de una verdadera libertad sindical garantizada constitucionalmente y que impida la primacía del más fuerte en el proceso de distribución de los frutos del trabajo. Se propone: Consagrar en la Nueva Constitución Política el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y el derecho a huelga de todos y todas los chilenos y chilenas, en el marco de los Tratados Internacionales N° 87 y 98 de la OIT, ya ratificados por Chile. En especial, esto requiere reconocer y promover a nivel constitucional el derecho a sindicalización, la titularidad sindical de la negociación colectiva y su existencia vinculante a todo nivel y ampliar los márgenes del Derecho a Huelga, más allá de la Negociación Colectiva Reglada.

En la Nueva Constitución deben derogarse las medidas que impiden a los dirigentes sindicales asumir un rol político nacional en el devenir del país.

Dar cumplimiento a los compromisos suscritos respecto de los temporeros y trabajadores agrícola, reconociendo su derecho a negociar colectivamente con titularidad sindical y derecho a huelga.

Consejo Superior Laboral: se propone dotar a este nuevo espacio de dialogo social en el mundo del trabajo nuevas atribuciones como el considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de la negociación colectiva y efectuar la clasificación de los grupos de negociación por rama de actividad o cadenas productivas, designando, en su caso, las organizaciones negociadoras en cada ámbito. El Consejo debe ser un mecanismo de diálogo social permanente, con representación de asociaciones de empleadores, de trabajadores y el Estado, con funciones de información y consulta, de concertación social, de innovación, de negociación y de propuesta de solución de conflicto.

Formación Sindical: El Estado debe promover y financiar acciones de formación para los dirigentes y dirigentas sindicales, más aun, en momentos en que se están implementando procesos significativos de cambios en ámbitos laborales, económicos y sociales.

Fortalecer y mejorar la institucionalidad laboral. En este ámbito se propone:

Fortalecer las instituciones de fiscalización y control de cumplimiento de la legislación laboral y de la protección de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

Fortalecer el procedimiento de cobranza laboral: es necesario además introducir perfeccionamientos a los procedimientos de cobranza judicial en materia laborales y previsionales de tal forma de asegurar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en cuanto a deudas laborales y previsionales, fortaleciendo los mecanismos de apremio y ejecución.

En el quinto punto (página 30 y siguientes) se señalan las medidas para Promover el Desarrollo de la Pequeña Empresa

Se impulsarán políticas y se ordenarán los instrumentos para que la MIPYME mejore su gestión y productividad, incorporando más tecnologías y conocimiento. También se promoverán iniciativas legales y normativas para que el entorno de la pequeña empresa sea más amigable con su desarrollo y no la asfixie.

Sobre la base de la experiencia, se impulsarán las siguientes iniciativas:

Se promoverán nuevos mecanismos institucionales que faciliten el acceso a financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa, individual y/o asociativa. Se fortalecerá el rol del Banco Estado como banco de la Pyme. El acceso a financiamiento de las microempresas y emprendedores debe efectuarse en terreno, con metodologías que las instituciones no Bancarias han desarrollado acercando el crédito a sus lugares de trabajo, pero que requieren de una Política de Regulación de Instituciones Financieras no Bancarias o de Microfinanzas, como se ha hecho en muchos países de Centro y Sudamérica.

Procuraremos aumentar la productividad en la Micro y Pequeña Empresa, con asistencia técnica y acompañamiento, tarea que deben asumir los gobiernos regionales. Se consolidará y expandirá la red de los Centros de Desarrollo de Negocios (CDN) orientados a la MIPYME.

Fortaleceremos las asociaciones gremiales de la MIPYME, apoyándolas para que puedan contratar asesores y desarrollar estudios.

Fortaleceremos y expandiremos la asociatividad de las micro y pequeñas empresas. Hay un resurgimiento de las cooperativas en Chile y es bueno para el país que se consoliden y desarrollen.

Impulsaremos un estatuto de la pequeña empresa que perfeccione la legislación y las regulaciones que faciliten su formalización, el pronto pago de sus facturas, el acceso al crédito y corrijan las regulaciones que menoscaban su capacidad de competir o realizar negocios con grandes empresas.

El sexto tema (página 32) versa sobre el Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria

Se apoyará la difusión y el fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria – ESS -, sector históricamente presente en todo el tejido productor de bienes y servicios, con presencia a lo largo y ancho del todo el territorio nacional.

De acuerdo a cifras de la Subsecretaria de Economía, en el año 2016 existían 1.393 cooperativas en Chile, involucrando a 1.858.538 socios, cerca del 22% de la población económica activa. Junto a las cooperativas, forman parte de la ESS los grupos de consumo colectivo y responsable, experiencias de agricultura orgánica, organizaciones de artesanos, economías comunitarias indígenas, iniciativas de comercio justo, empresas B, asociaciones productivas culturales, empresas de emprendimiento que combinan la producción y la perspectiva de género, combinando los principios de asociatividad, cooperación y autogestión con un elevado componente de diversidad y expresión en los territorios locales. Este nuevo sector económico comprende actividades en comercio, servicios y áreas como el consumo, la vivienda, agricultura, minería, energía, agua potable, educación, salud y las tecnologías. Se trata de un "tercer sector de la economía", junto al privado y el público, que se mueve por objetivos distintos de la ganancia y la acumulación

En este contexto, las Propuestas Programáticas (página 32 y siguientes) son:

Otorgar reconocimiento constitucional a las Cooperativas y a la Economía Social y Solidaria (ESS) como un tercer sector de la economía, entendido como un modelo de organización y producción basado en la autogestión, la participación democrática y la solidaridad.

Apoyar la ESS a través de la legislación y de políticas de promoción, tributación, fomento y financiamiento que favorezcan su desarrollo.

Fortalecer, en el Ministerio de Economía, el Departamento de Cooperativas, marchando hacia una futura Subsecretaría, cuya misión será generar instrumentos y políticas para potenciar la ESS y para vincularla con el conjunto de las políticas públicas que le sean más pertinentes.

Evaluar, debatir y ponderar cómo corregir las asimetrías existentes que hoy no permiten a las cooperativas u otras empresas de la ESS desarrollar actividades en el sector de la banca, los seguros, las AFP, y otros emprendimientos reservados a las sociedades anónimas y empresas privadas de capital.

Promover la vinculación de las cooperativas y la ESS con las micro y pequeñas empresas, impulsando una alianza estratégica de beneficios recíprocos.

Asegurar una institucionalidad y marco regulatorio que garantice el funcionamiento ágil y eficiente de la ESS; impulsar programas de capacitación que estimulen su productividad, la innovación y el uso de los medios digitales y TICs, con vistas a elevar su aporte a la sociedad.

Apoyar el intercambio, colaboración y aprendizaje en torno a las mejores experiencias internacionales de la economía social y solidaria

Asegurar que los programas, incentivos y beneficios, que el estado proporciona a través del Banco Estado, Corfo, Sercotec, Indap, Prochile, Sernapesca y otros servicios, destinados a estas empresas, sean efectivamente accesibles y adaptados a las condiciones de la ESS.

El punto 7 (página 33 y siguientes) está dedicado a Medioambiente y Cambio Climatico

En primer lugar, es preciso asegurar una mejor calidad ambiental urbana, con reducción significativa de la contaminación atmosférica y promoviendo una economía verde. Segundo, los recursos naturales deben servir para la generación de actividad económica y para el desarrollo de las localidades y regiones donde se inserta. Finalmente, se debe aprovechar la preocupación internacional por el cambio climático para avanzar de manera decidida hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.

El cambio climático está deteriorando las oportunidades que la naturaleza provee a la economía y la sociedad. Chile exhibe fuertes y crecientes desequilibrios hídricos que se reflejan en territorios que confrontan problemas de sequía e incluso desertificación, mientras otros sufren el impacto de fuertes precipitaciones que no corresponden a sus condiciones históricas y para las que no están preparados. El proceso global de la desertificación estaría afectando una superficie aproximada de 47,3 millones de hectáreas, lo que equivale al 62,3% del territorio nacional, correspondiente principalmente a la mitad norte (I a VIII Región) y a la zona austral del país (XI y XII Región). El fenómeno se expresa con mayor magnitud en las siguientes macrozonas agroecológicas: la Precordillera de la I y II regiones, la faja costera de la I a la IV regiones, las áreas ocupadas por las Comunidades Agrícolas de la III a la IV Región, el Secano Costero de la V a la VIII Región, la precordillera andina de la VI a la VIII Región y las zonas degradadas de la XI a la XII Región.

Se estima que el desierto avanzará de 0,4 a 1Km por año, teniendo como principales causas los cambios climáticos que acentúan la aridez del territorio, así como las actividades humanas inadecuadas y persistentes: el sobre pastoreo; la repetida rotura del suelo que conduce al agotamiento de la fertilidad; la oxidación de la materia orgánica y la erosión, todas fuentes de desertificación. Consecuencia de lo anterior ha sido la disminución en un 32% de la productividad agrícola en menos de 10 años.

La desertificación afecta en Chile a 1,5 millones de personas y contribuye a la migración anual del 3% de la población en las zonas afectadas. En la escala nacional, como las exportaciones agropecuarias y forestales de Chile superan los 12.000 millones de dólares anuales, por cada 1% de disminución en la capacidad productiva del territorio, se pierde permanentemente unos 120 millones de dólares en el PIB, pérdidas que recaen primordialmente en las áreas rurales más pobres.

La erosión. La superficie total de Chile continental es de 75,6 millones de hectáreas. Parte importante de esta superficie está constituida por suelos improductivos, desde el punto de vista agrícola y forestal (desiertos, campos de hielo y aguas interiores). Los terrenos productivos representan cerca de 46 millones de hectáreas, es decir, el 61% del territorio continental. Cerca de tres cuartas partes de los terrenos productivos, es decir, 34,5 millones de hectáreas, sufren algún grado de erosión. De esta superficie, un 66%, o sea 22,8 millones de hectáreas, están afectadas por niveles de erosión moderados a leves y un 34% presenta niveles de erosión grave a muy grave, lo que significa que han perdido entre el 60 y el 100% de la profundidad del suelo apto para cultivo.

Considerando todo lo anterior, es necesario:

Fortalecer el monitoreo, seguimiento y fiscalización del cumplimiento ambiental y apoyar la generación de políticas públicas sobre medio ambiente.

Generar un sistema de compensación y restauración ambiental que administre la certificación de sellos ambientales públicos y privados para promover la biodiversidad.

Promover el desarrollo de economías verdes locales a través de la incorporación de nuevas tecnologías ambientales, energías renovables no convencionales a nivel industrial y domiciliario, proyectos de generación distribuida en pequeña escala y sistemas de reciclaje de ciclo completo.

Preparar al país para enfrentar el cambio climático de manera responsable, buscando mitigar su impacto en nuestros territorios.

Mejorar la educación y la sensibilización de todo el país respecto a este tema él y fortalecer la capacidad institucional para ser más preventivos ante sus posibles efectos.

A. Fortalecimiento de la Institucionalidad Ambiental (página 35)

Se creará el Servicio Nacional de Aguas Marítimas y Continentales, que integre bajo un solo servicio la fragmentada institucionalidad del agua (Aguas Continentales: aguas superficiales y subterráneas, aguas lluvias y glaciares; Aguas Marítimas: aguas marinas y desalinizadas) y que incorpore la gestión integrada de cuencas hidrográficas y la gestión integrada de zonas costeras.

Avanzaremos en los procesos legislativos y la implementación de proyectos de ley como:

Crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) respetando los convenios internacionales suscritos por Chile, los derechos de los pueblos indígenas y los acuerdos laborales.

El Servicio Nacional Forestal, iniciativa del Gobierno que reemplaza a la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Buscaremos la Aprobación de la Ley de Glaciares.

Se perfeccionará la propuesta de Reforma al Código de Aguas, para fortalecer el rol público en la gestión del recurso hídrico, reforzando el derecho humano al agua.

Se implementará en régimen permanente la nueva ley de servicios sanitarios rurales para otorgar cobertura universal de agua potable a todos los habitantes del país.

Se ideará un modelo de gestión descentralizada que coordine a los 40 organismos públicos con injerencia en el manejo del agua, y se convocará una mesa de ciencia y tecnológica para definir un plan de investigación del agua para el futuro. Se perfeccionará la Política Nacional de Uso del Borde Costero, avanzando en las reformas institucionales pertinentes, que permitan que su gestión considere las funciones que desarrollan el Ministerio del Medio Ambiente, el de Transporte y Telecomunicaciones, el Ministerio de Obras Públicas, el de Vivienda y Urbanismo y la Subsecretaria de las FFAA, todos los cuales toman decisiones sobre el uso del territorio costero.

Se creará una normativa que defina criterios y estándares para el Ordenamiento Territorial del país, con el fin de prevenir riesgos ambientales, ordenar el desarrollo de las ciudades y de las actividades productivas e industriales, evitando la formación de nuevas zonas de "sacrificio ambiental".

Se propondrá una ley de Desastres Naturales y Cambio Climático que permita gestionar su mitigación, la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres. Se desarrollará y pondrá en práctica, en consonancia con el Marco de Senda para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles, fortaleciendo la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales.

B. Monitoreo, Seguimiento y Fiscalización del Cumplimiento Ambiental (página 36)

Se creará el Instituto Nacional de Investigación Ambiental, cuya función será generar ciencia para la elaboración de líneas base, monitoreo y seguimiento, que permitan la gestión ambiental y apoyo a la generación de políticas públicas.

Se creará la figura de la Sanción Penal por Daño Ambiental.

En cuanto a fiscalización, se mejorará y adecuará el perfil profesional de los fiscalizadores para fortalecer la capacidad del Estado para cumplir su función.

C. Desarrollo de Economías Verdes Locales (página 36)

Establecer por norma que la totalidad de los ingresos por multas generadas por faltas o delitos medioambientales se destinen al presupuesto para la protección ambiental.

Promover y fortalecer iniciativas en torno a:

Adopción de nuevas tecnologías de protección ambiental, incluyendo de disposición de residuos.

El desarrollo de Energías Renovables No Convencionales a nivel industrial y domiciliario.

Proyectos de Generación Distribuida en pequeña escala, sumando especialmente a los Municipios.

Sistemas de Reciclaje, que considere el ciclo completo del proceso, desde la separación hasta la reutilización.

La propuesta sobre política de gestión sustentable de la montaña en Chile, de manera que se transforme en medidas concretas.

Diseñar una nueva metodología para los procesos de Participación Ciudadana, fortaleciendo que ésta sea vinculante.

El tema 8 (página 36 y siguientes) está dedicado a Ciencia, Tecnología e Innovación

Por un lado, la investigación científica genera descubrimientos e inventos que permiten desarrollar nuevas tecnologías, por otro lado, la innovación absorbe y utiliza estas nuevas herramientas aumentando la productividad y la producción nacional, ampliando y diversificando la matriz productiva. El objetivo de la política pública de Ciencia y Tecnología debe ser transformar a Chile en un país que estimula la búsqueda y creación de conocimiento e innovación. Ella debe permitir la integración de los actores desde las ciencias básicas hasta la creación de empresas en base al conocimiento, considerando las condiciones, oportunidades y necesidades de Chile.

Propuestas (página 37 y siguientes)

Se instalará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrando en él la multiplicidad de organizaciones e instrumentos que actualmente promueven la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para enfocar los esfuerzos, aumentar la colaboración y potenciar los avances.

Se creará una plataforma de información integrada en Ciencia, Tecnología e Innovación que permita hacer seguimiento y dar cuenta a los actores sobre los esfuerzos en curso y aquellos realizados en el país.

Incorporar a las Fuerzas Armadas en una participación más activa y colaborativa con temas de Ciencias, Tecnologías e Innovación de importancia estratégica para el país.

Identificar áreas estratégicas de desarrollo en las que Chile tenga ventajas comparativas o necesidades críticas con el fin de orientar parte importante de los recursos a la obtención de conocimientos y tecnología aplicada en esos ámbitos.

Fortalecer la investigación regional en aquellas áreas estratégicas que se encuentran asociadas a zonas geográficas definidas.

Focalizar las becas de especialización con financiamiento del Estado en las áreas estratégicas del país. Esto asegurará masa crítica y facilitará la inserción laboral de los becarios.

Crear mecanismos de inserción de investigadores jóvenes que regresan al país en condiciones laborales razonables.

Crear mecanismos de atracción de estudiantes y científicos en el extranjero.

Promover la creación de una red nacional de museos de Ciencia, Tecnología e Innovación para acercar la ciencia al público general, potenciar un semillero de jóvenes interesados por estas áreas y ofrecer a los profesores de enseñanza básica y media apoyo efectivo y especializado en las asignaturas científico-tecnológicas. En cuanto al financiamiento, se propone:

Aumentar gradualmente el gasto público, como porcentaje del PIB, destinado a Ciencia, Tecnología e Innovación. Por ello, se estudiará la iniciativa del CNID de establecer un impuesto del 0.1% de las ventas a las empresas con ventas mayores a 100.000 UF.

Incentivar el rol del Estado como cliente de nuevas tecnologías.

Promover la participación privada en el financiamiento del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del país. En el caso de países emergentes, como Chile, se pueden atraer a empresas multinacionales para que, además de instalarse en el país, establezcan un compromiso de manufactura, investigación y desarrollo local.

En el punto 9 (página 38 y siguientes) se tratan los temas relacionados con la Energía

La industria de la energía juega un papel fundamental en la búsqueda de un desarrollo sustentable, en los aportes que pueden hacer las ERNC en la reactivación de la economía, en mejorar la competitividad de la industria, en diversificar la matriz productiva y, lo más importante, en mejorar la calidad de vida de los chilenos.

En la página 39 se establece el objetivo de la Política Energética

El objetivo de ésta será proveer el acceso a un suministro de energía en base a fuentes limpias, autóctonas y a precios competitivos, reemplazando el consumo de combustibles fósiles.

Se propone el uso creciente de la electricidad como fuente de energía para los sistemas de transporte público y privado, y la conversión de la demanda de energía térmica residencial, desde combustibles fósiles a fuentes limpias, principalmente renovables y autóctonas.

Diagnóstico (página 39)

La energía eléctrica es hoy un importante motor para el desarrollo económico y tecnológico.

Los precios de la energía en el actual Gobierno han disminuido, superando todas las expectativas. También se ha invertido fuertemente en la transmisión eléctrica, lo cual permitirá distribuir la energía generada a lo largo del país.

La drástica disminución de los costos de energía a partir de fuentes, como la solar, eólica y baterías, unido a las señales de precios que se han obtenido en Chile y en distintas partes del mundo, indican que nuestro país está en condiciones de iniciar un proceso de trasformación revolucionario de la matriz energética a nivel nacional. El país dispone hoy de más de 150 proyectos aprobados de energías solar, eólica e hidráulica de pasada, para una capacidad de más de 17,000 MW de energía eléctrica.

Propuestas de Política Energética (página 40)

La intermitencia que implica la incorporación de energías renovables como la eólica, solar e hidráulica de pasada y la masificación de la generación distribuida, introducen un nuevo nivel de complejidad en el manejo de la red eléctrica, lo que implica, por ejemplo, la necesidad de manejar distintos sentidos de flujos. Por esto, planificaremos, en base a una "nueva" red de distribución, distinta a la que existe hoy, que cuente con un mayor grado de componentes tecnológicos y software, es decir, en base a una "red inteligente".

En los próximos años nuestras acciones estarán orientadas, entre otros, a:

Generar un plan de avance hacia una matriz de generación eléctrica en base a recursos propios y renovables.

Masificación de la generación distribuida y el reemplazo progresivo de los combustibles contaminantes, con metas claras y medibles.

Transformación del transporte urbano público a eléctrico, como alternativa más limpia y económica en comparación con vehículos de combustión convencionales.

La propuesta sobre Minería se analiza en el punto 10 (página 41 y siguientes)

Objetivos Generales de la Política Minera

Es una política de Estado, con una mirada de largo plazo, que persigue maximizar el valor proveniente de la explotación de los recursos mineros del país, mediante un sólido y estable marco institucional para el desarrollo de la actividad y adecuadas señales regulatorias para el comportamiento de los agentes económicos del sector, que busca mantener a futuro su aporte relevante al desarrollo económico-social del país y, por ende, al bienestar de todas y todos los chilenos.

Objetivos Específicos de la Política Minera

Chile un país atractivo para la Inversión en Minería

Mayor Agregación de Valor a las Exportaciones de Cobre y otros minerales

Codelco: un activo agente de la Política Minera del país

Fortalecimiento y sustentabilidad de la Pequeña y Mediana Minería

Defensa del mercado y promoción de nuevos usos del Cobre

Respetaremos el actual marco tributario estable y los adecuados incentivos y regulaciones

Explotación Racional de la minería no-metálica y agregación de Valor del Litio

Chile, Plataforma de la Minería Latinoamericana

Desarrollar e implementar una política de innovación en minería para potenciar la creación de valor del sector

Los temas de la Agricultura son tratados en el punto 11 (página 43 y siguientes).

Se señala que el objetivo central de la política agraria en Chile debe ser "materializar el sueño de convertirnos en "Potencia Agro Alimentaria" aprovechando nuestras condiciones climáticas y fitosanitarias, así como la creciente demanda mundial de productos de climas "mediterráneos". (página 43).

La agricultura debe combinar su capacidad de diversificar la oferta exportable y abastecer competitivamente el mercado interno con el impulso de una nueva estrategia de desarrollo que logre integrar a toda la población rural.

La agricultura es un sector sobre el cual es posible incrementar la incorporación de tecnologías más modernas y precisas con amplio espacio para la innovación en sus procesos productivos. Es fundamental vincular la producción con los avances del conocimiento y, en esta dinámica, se requiere de una activa coordinación con programas de formación específicos que deberían formar parte de la dimensión de calidad dentro de la reforma a la educación iniciada en el actual gobierno.

Diagnóstico (página 43)

El sector ha logrado una muy buena tasa de crecimiento productivo en un contexto de bajo crecimiento económico nacional. Al respecto, se destaca que los sectores exportadores han mantenido una dinámica que se ha favorecido por un tipo de cambio real alto; se ha avanzado en obras de riego y se mantienen altos estándares en materia de sanidad agropecuaria.

A. Un diagnóstico mixto en el sector

Ha habido un descenso significativo de la pobreza rural; se ha avanzado en infraestructura vial y comunicaciones; ha mejorado la cobertura de los servicios básicos (electrificación, agua potable, saneamiento), hay mayor oferta de transporte público, se ha masificado el acceso a la televisión y a los medios de comunicación digital. Sin embargo, persiste una fuerte desigualdad entre poblaciones y territorios específicos con marcadas diferencias de oportunidades de desarrollo económico y a los bienes públicos. Se evidencia una creciente dependencia de los hogares rurales pobres de las transferencias del Estado.

B. No se avanza suficientemente en la integración de la población rural al desarrollo del país:

El crecimiento económico basado en enclaves productivos: forestal, pecuario e industria salmonera hace que se mantenga la exclusión de vastos sectores rurales. Aumenta la brecha entre la producción empresarial y las pymes rurales. Existe una marcada desigualdad en materia de innovación y aplicación de tecnologías en los campos chilenos. Existen relaciones laborales desfavorables para los trabajadores. Inadecuación de la reforma educacional, en materia de contenidos, con los requerimientos de la agricultura del siglo XXI. Es necesario abandonar la política de subsidios reorientando los recursos a la integración social y productiva de la población rural.

C. Dificultades en la comercialización de los productos básicos como el trigo o el maíz:

Mercados imperfectos en gran parte de los productos agropecuarios que repercute negativamente en el ingreso de los productores. Escasa participación del Estado como regulador en los mercados para promover la competencia en el ámbito agropecuario.

D. Grandes desastres como incendios y sequías implican pérdidas del patrimonio sectorial:

Insuficiencia de recursos para medidas de prevención, para enfrentar crisis y medidas de mitigación (manejo del ciclo de desastre y gestión del riesgo). Inadecuada estructura institucional para enfrentar catástrofes y/o emergencias agrícolas. Ausencia de programas de inversión pública vinculados a procesos productivos.

E. Obsolescencia institucional: la estructura de las organizaciones estatales responde a los requerimientos de la década del sesenta del siglo pasado:

No hay una entidad que formule una visión de desarrollo integrador en lo rural., a la vez que hay una multiplicidad de instituciones con funciones superpuestas. Buena parte de las decisiones de política son adoptadas por la DIPRES sin considerar una adecuada evaluación de prioridades estratégicas del sector. Se mantienen subsidios innecesarios para grandes propietarios y para exportadores que deben ser reorientados a la integración social y productiva de la población rural de menores ingresos. En el caso de CONAF y el Servicio Nacional Forestal es imprescindible establecer una coordinación estratégica con el sistema de administración de áreas protegidas.

Propuestas y Grandes Desafíos para la próxima Administración (página 44)

Una estrategia de desarrollo integrador que incorpore a todos los sectores: implica una alianza social sobre bases distintas a las de un Estado subsidiario.

Mantener la dinámica de crecimiento productivo, lo que implica proveer condiciones que incidan en el aumento de inversiones en el sector y disponer de estrategias de desarrollo territorial que integren a los distintos agentes del sector productivo y del sector público.

Dar claras señales respecto a la modernización de las reglas del juego tanto de inversión, innovación y mercado de bienes y servicios.

Persistir en una efectiva reforma laboral que dote de mayores capacidades de negociación a los asalariados del campo.

Democratizar el acceso a los recursos hídricos y modificar el código de aguas para hacer valer su condición de bien de uso público.

Promover distintas formas de organización social con el propósito de lograr una mejor inserción productiva de la agricultura familiar.

Incorporar a la población campesina y dentro de ella a la población mapuche como agentes del desarrollo.

Adecuar las reformas a la educación, de la salud y de la previsión a la realidad rural.

Financiamiento para adquirir tierras y trabajar en la producción rural, especialmente en el caso de los jóvenes.

Estudiar las normativas sobre planificación territorial y uso de suelos con el fin de evitar la especulación sobre el cambio de uso de suelo que traen consigo un deterioro medio ambiental, social, económico y productivo para la agricultura.

Un Nuevo Trato para integrar a la Población Indígena (página 45)

A pesar que ha disminuido la pobreza, persisten situaciones de desigualdad que muestran una realidad de exclusión objetiva de las familias indígenas en las dinámicas del desarrollo.

Desde el mundo indígena existe percepción de falta de participación, falta de consideración con su cultura y abusos de parte del Estado y de las empresas; parte de la brecha de desigualdad se explica por factores relacionados con la discriminación, carencia de redes y escasez de mecanismos institucionales para relevar sus necesidades y hacer valer sus derechos.

Es necesario que el Estado asuma un papel activo para promover las oportunidades de desarrollo e integración social de la población indígena.

Los Temas acerca de la Pesca, Acuicultura y Mar se tratan en el Punto 12 (página 45 y siguientes)

Recuperación de pesquerías nacionales. Para lograr encaminar esta recuperación, se requiere un programa sostenido y de largo plazo, anclado en Instituciones del Estado y con el compromiso explícito de los actores del sector.

Manejo integrado del borde costero. El desarrollo efectivo de la acuicultura y de la pesca artesanal de pequeña escala necesariamente requiere de un manejo integrado del borde costero.

Fortalecimiento de las relaciones internacionales. La pesca y la acuicultura son temas de agenda bilateral como multilateral. Mucho de esta relación tiene que ver con los tratados donde Chile es parte, como también en los aspectos sanitarios de la industria, y que condicionan su éxito internacional.

Institucionalidad sectorial acorde a los desafíos:

El IFOP debe transformarse en una institución pública autónoma, sólida y robusta concentrada en la investigación pesquera y acuícola.

Se debe fortalecer el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Debe constituirse en un efectivo organismo de monitoreo y fiscalización, tanto de la acuicultura como de la pesca extractiva, así como del control ambiental de los procesos que afecten el bienestar animal y de las especies marinas en su hábitat natural, así como de las reservas marinas.

Se revisará la Ley de Pesca para adecuarlas a estándares internacionales y asegurarnos que se discuta y apruebe en sus méritos y sin presiones indebidas del lobby.